La criminalidad ha aumentado en nuestro país, comencemos mostrando números, para el 2012 hubo un promedio de 8,7 homicidios por cada
100 mil habitantes, para un total de 407 decesos, pero para el 2016 esa cifra
aumentó a 578 muertes y la tasa se ubicó en 11.8, lo que en promedio implica un
incremento del 29% en el lapso de 5 años, y se tiene previsto que al finalizar
el 2017, esta tasa aumente a 12 homicidios, convirtiéndose así en la más alta
de la historia.
Las autoridades indican que la razón de
este incremento ha sido por lo que llaman una “explosión criminal”, esto es, la
guerra entre bandas criminales en busca de asumir el liderazgo de la
organización una vez que sus cabecillas han sido detenidos.
Cabe señalar que de acuerdo a la
Organización Mundial de la Salud (OMS), una tasa por encima de los 10 homicidios es considerada una epidemia, por
lo que es de vital importancia atender con prioridad esta problemática, no
obstante, esta cifra aún es manejable si tomamos en cuenta que entre el 2008 y
2011, el índice de homicidios se mantuvo rondando el 10.3 y 11.7 y
luego durante el 2012 y 2013 bajó considerablemente a 8.7 antes de comenzar a
subir nuevamente. Lo anterior amplía el panorama y nos lleva hacia uno de los
factores que más ha elevado los índices de criminalidad en el país:
El crimen organizado:
Si bien es un problema que lleva años existiendo en nuestra
sociedad, es evidente que hoy más que nunca está afectando la tranquilidad de
un país que se ha caracterizado por ser un lugar de paz.
A este ritmo, se estima que para el
2026, la cifra de muertes llegue a 854, para un promedio de 15 homicidios por
cada 100.000 habitantes, muy cerca de la tasa actual de México que se encuentra
en 16,2. Algunos profesionales que han vivido de cerca este fenómeno, como los
expositores que visitaron nuestro país desde Guatemala y México
durante el Seminario "Criminología, perspectivas de cara al siglo XXI",
son enfáticos en mencionar que Costa Rica es un país privilegiado, que su
estabilidad social, política y económica, así como algunas políticas
encaminadas a la protección de derechos fundamentales de sus ciudadanos.
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